Fuente: El Norte de Castilla

El Ministerio de Cultura ha ejecutado el envío a Cataluña del contenido total o parcial de 727 cajas de documentación. Sin embargo, muchos de los papeles incluidos en las propias relaciones oficiales incumplen los criterios que marca la Ley de Restitución Documental. El artículo 2.2 del texto legal, que abre la puerta a la salida masiva de fondos que ayer se produjo, establece que «el Estado transferirá a la Generalidad los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña».

Sin embargo, según han denunciado reiteradamente distintos expertos en archivística, en la relación de 800.000 documentos trasladados se ha incluido fondos que no fueron incautados en Cataluña, sino en otros lugares de España a medida que avanzaba la Guerra Civil y que en algunos casos mantienen relación con instituciones catalanas.

Igualmente, se han añadido documentos que fueron incautados en Cataluña pero que procedían de otros lugares que ya habían caído ante el avance de los militares sublevados y que enviaron sus archivos a Cataluña para salvaguardarlos, particularmente a partir de otoño de 1937.

Entre los primeros puede incluirse el caso de un vallisoletano, Secundino Sarmiento Quevedo, quien se vio obligado a escapar de la capital vallisoletana para evitar su represión y se refugió en Barcelona en octubre de 1937. Su carta de solicitud de ingreso en la UGT en Barcelona fue remitida a Madrid, donde fue finalmente incautada por los sublevados franquistas. También hay documentación que fue enviada desde otros lugares hasta Cataluña con el fin de salvaguardarla y que fue requisada tras la caída del frente catalán, pero que nada tiene que ver con particulares de Cataluña. Se trata de multitud de carnés y cédulas procedentes del Partido Comunista o la CNT. Es posible citar los casos del enfermero Heraclio B. Fernández, inscrito en el PCE de Carabanchel con la autorización de la Federación Provincial Comunista de Madrid. Su carné será trasladado a Cataluña, al igual que el de Natividad Rollán, afiliada anarquista a la CNT de Madrid.

La explicación de estos casos, según señalan fuentes archivísticas, es que los técnicos de la Generalitat han realizado una «separación artificial» de los fondos incautados que se custodiaban en Salamanca, de manera que han extraído cualquier alusión a Cataluña, ya sea en la procedencia o en las personas afectadas, con independencia de dónde fueron decomisados o quienes fueran sus verdaderos propietarios